LA DEUDA PÚBLICA A EXAMEN

(o MI LECCIÓN MAGISTRAL SOBRE LA DEUDA)

Como sabéis, dedicamos nuestra última entrada a analizar la naturaleza y componentes del déficit público, y finalizamos la misma anunciando que dedicaría el próximo post a hablar de la deuda pública, de modo que ambos artículos serían complementarios.

La deuda pública está compuesta por los bonos y obligaciones emitidos por el Estado para captar el ahorro de los inversores. Ya dijimos en la anterior entrada que cuando los gastos del Sector Público son superiores a sus ingresos, una de las alternativas que tiene el Estado para cuadrar sus cuentas es la emisión de deuda pública. En todo caso, no es ésta la única situación en la que los gobiernos emiten deuda:

• mientras que las necesidades de gasto son continuas, el cobro de muchos impuestos está mucho más espaciado en el tiempo (el IRPF se cobra mensualmente a través de las retenciones, pero el IVA se cobra trimestralmente y el Impuesto de Sociedades de forma anual, por poner dos ejemplos), de modo que el Estado debe recurrir a la emisión de deuda pública para garantizar su liquidez.
• además, la deuda pública suele ser necesaria siempre que se abordan gastos extraordinarios o hay que financiar grandes inversiones, puesto que las obligaciones de gasto son tan grandes que el gobierno tampoco dispondría de liquidez suficiente para afrontarlas.

Sea como sea, lo cierto es que el volumen de deuda pública que circula en los mercados financieros es enorme. En una entrada en la que intentábamos medir la dimensión de los mercados financieros, citábamos una estimación del Banco Mundial que valoraba los bonos de deuda pública en circulación en 2011 en unos 45 billones de dólares. Esto afecta de forma determinante a la capacidad de actuación de los Estados, hablándose habitualmente de sostenibilidad de la deuda, como veremos a lo largo de esta entrada. Además, la importancia del mercado de deuda pública es pareja a su volumen, fundamentalmente por dos razones:

• Debido a que se considera que los gobiernos son los prestatarios más fiables, el mercado de bonos establece los tipos de interés a largo plazo para la economía en su conjunto. Si un país paga un 5% de interés por su deuda, las empresas y agentes económicos privados de ese país tendrán que afrontar intereses mayores, puesto que se consideran prestatarios menos fiables.
• Además, el mercado de bonos juzga diariamente las políticas económicas de los gobiernos, de modo que si la actuación de un gobierno no es del gusto de los mercados estos pueden castigarle elevando el coste de su deuda, una lección que en España hemos aprendido por las malas.

Bono español al portador de 1877. Actualmente, los bonos no existen como soporte físico, sino que son meras anotaciones contables (a excepción de alguna emisión especial o conmemorativa).

Pero entremos ya en las particularidades de la deuda pública. Muchos de vosotros ya sabéis lo que significa estar endeudado, ya sea por haber firmado un préstamo personal o hipotecario o por el uso de una tarjeta de crédito. Ya hablamos hace un par de entradas del endeudamiento tanto público como privado español, pero... ¿qué caracteriza a la deuda pública frente a la privada?


TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LA DEUDA PÚBLICA

Para empezar, cuando hablamos de deuda pública solo nos referimos a bonos emitidos por el Estado. Es posible que las administraciones públicas se endeuden con alguna entidad financiera a través de un préstamo y es normal que tengan pagos pendientes con muchos agentes privados, pero estas operaciones son mucho más circunstanciales y su peso es ínfimo en relación al volumen de bonos emitidos por el Estado.

Por supuesto, el Estado puede emitir distintos tipos de bonos en función de su cuantía y su vencimiento. En el caso de España, los principales títulos de deuda pública emitidos por el Tesoro son los siguientes:

1. Letras del Tesoro: son títulos de deuda con vencimiento inferior a 18 meses (normalmente, seis o doce meses). Se emiten mensualmente con un valor de 1.000 €.
2. Bonos del Estado: son títulos de deuda que se emiten con vencimiento a tres y cinco años. Como las Letras del Tesoro, se emiten mensualmente y la inversión mínima es de 1.000 €.
3. Obligaciones del Estado: son títulos de deuda a muy largo plazo, ya que se emiten a diez, quince o treinta años. La prima de riesgo es la diferencia entre el tipo de interés del bono español a diez años y el bono alemán del mismo plazo en el mercado secundario. La prima de riesgo se expresa en puntos básicos (centésimas de punto porcentual); esto significa que si la prima de riesgo es de 200 puntos, la diferencia entre el tipo de interés del bono español a diez años con su homólogo alemán es del 2%.

La estrategia de qué títulos emitir y cuándo hacerlo la fija el Tesoro, que publica todos sus años sus objetivos. En concreto, para el año 2015 se ha propuesto vender 240.000 millones de euros de deuda. Si tenemos en cuenta que el PIB español está en torno al billón de euros, podemos afirmar que en un año, el Tesoro español emitirá un volumen de deuda equivalente a la cuarta parte del PIB nacional (¿Veis cómo los volúmenes de deuda pública que se negocian son astronómicos?).

Otra característica muy particular de la deuda pública es que habitualmente no se amortiza, sino que se refinancia. En realidad, lo que ocurre es que la emisión de muchos títulos de deuda se hace coincidir con el vencimiento de títulos más viejos, con lo que el dinero que se obtiene con la venta de los títulos nuevos sirve para devolver el capital que se recibió con la venta de los antiguos. Es decir, mientras que las personas de a pie devolvemos capital e intereses cuando tenemos que pagar un préstamo, el Estado solo paga intereses, puesto que hace coincidir la devolución del capital con la emisión de más deuda con la que pagar dicho capital. Volviendo a los datos del párrafo anterior, de los 240.000 millones de deuda que el Estado tiene previsto emitir en 2015, unos 185.000 millones servirán para pagar los bonos que vencen este año, mientras que los 55.000 millones restantes supondrán un aumento neto del volumen de deuda pública.

FORMAS DE CUANTIFICAR LA DEUDA PÚBLICA

Hasta ahora estamos manejando cifras absolutas de deuda, pero lo normal es medirla en términos relativos para poder realizar comparaciones entre distintos países. Una posibilidad sería expresar la deuda pública per cápita, dividiéndola entre la población del país, de forma que sabríamos cuánta deuda pública le correspondería devolver a cada habitante (en concreto, es una forma muy habitual de referirse al endeudamiento de los municipios). Por curiosidad, os diré que la deuda pública per cápita española pasó de 9.417 € en 2008 a 20.580 € en 2013. Es decir, si todos los españoles tuviéramos que pagar a escote nuestra deuda pública tendríamos que poner 20.580 € por persona (id multiplicando si tenéis hijos y mayores a vuestro cargo).

Pero lo más habitual es expresar la deuda pública con respecto al PIB. Así, si decimos que la deuda pública de un país es del 40% del PIB, eso significa que ese país tendría que sacrificar un 40% de su PIB para liquidar toda su deuda pública, aunque en realidad este ratio tiene un significado algo distinto:

• la deuda pública es una variable stock o variable fondo, que representa el valor acumulado de una determinada magnitud hasta un momento determinado y que se expresa en euros.
• el PIB es una variable flujo, que en este caso representa la producción de bienes y servicios en un país a lo largo de un año. Por tanto, se expresa en euros al año (también suele aplicarse a períodos trimestrales, pero el PIB que se utiliza para medir la deuda pública es el PIB anual).

Si dividimos una variable entre otra, observamos que el ratio deuda/PIB está expresado en años (o en porcentaje de año):

¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, que si el ratio de deuda con respecto al PIB es 1 (o del 100%), como ocurre ahora en España, esto indica que habría que destinar la producción española de bienes y servicios de un año para pagar la deuda pública.

Como ya ocurría con el déficit, esta forma de medir la deuda pública es problemática y corre el riesgo de minusvalorarla, ya que al pago de la deuda pública sólo se destinan los ingresos del sector público, no todo el PIB. En todo caso, es un criterio que permite una rápida comparación entre países y buscar una fórmula alternativa sería complicado, ya que la capacidad de cada país para hacer frente a la deuda depende de muchos factores: los tipos de interés, la estructura fiscal de cada país, el déficit primario de las cuentas públicas, el nivel de inflación...

Un aspecto muy interesante a la hora de valorar la importancia de la deuda pública es saber quiénes son los poseedores de la deuda. Puesto que la deuda implica pago de intereses, si los tenedores de deuda son extranjeros, el pago de esos intereses supondrá un empobrecimiento del país al drenarse recursos públicos al exterior. Así, en el caso español, casi el 50% de la deuda pública viva en 2014 estaba en manos de inversores extranjeros, lo que significa que buena parte de los más de 35.000 millones de euros pagados en intereses habrán salido de España. Este caso contrasta con el de Japón, cuya deuda pública se acerca al 250% del PIB pero que mayoritariamente está en manos de inversores japoneses, por lo que se producirá una redistribución de renta entre agentes económicos del mismo país.

Siguiendo con este análisis de los tenedores de deuda, algo más de la cuarta parte de la deuda pública española viva en 2014 estaba en manos de la banca española, así que otro buen pellizco de los intereses pagados por el Tesoro van a parar a los bancos. Para más inri, los bancos compraron ese volumen de deuda gracias a las inyecciones de liquidez que recibieron del BCE. Esta operación consistente en comprar deuda pública con inyecciones de liquidez del banco central se denomina carry trade, y ha llegado a suponer el 35% del margen de beneficios de la banca española.

SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA

Una vez hemos visto cómo se mide la cuantía de la deuda, cabe preguntarse: ¿es sostenible la deuda pública en España y otros muchos países?

INGRESO, GASTO Y DÉFICIT PÚBLICO

Hace un par de entradas os hablaba del endeudamiento de la economía española. Ya que hablamos de deuda en general, parece un buen momento para detenerse a analizar los conceptos del déficit y la deuda pública, pues al hablar con los alumnos y con la gente corriente observo que hay bastante confusión en torno a ambas magnitudes. En la siguiente entrada nos centraremos en el déficit, mientras que dedicaremos el próximo post a la deuda pública.  Intentaré explicarme de la forma más sencilla posible, puesto que el objeto de esta entrada es precisamente acercar dichos conceptos a la gente que no los entiende.


INGRESOS PÚBLICOS

Los ingresos públicos son los recursos que obtiene el Estado para desarrollar su actividad. Podemos dividirlos en dos grandes grupos:

* Los ingresos fiscales o ingresos tributarios son los derivados del pago de tributos. Los tributos son pagos pecuniarios (es decir, en dinero) impuestos por el Estado a las personas que residan en él, se exigen como consecuencia de la realización de un hecho imponible al que la ley vincule el deber de contribuir. De mayor a menor importancia, los más destacados son los siguientes:

• Impuestos: son pagos exigidos por el Estado sin contraprestación directa. Es decir, el Estado no se compromete a que el contribuyente reciba nada concreto a cambio del pago del impuesto. Los impuestos directos son nominativos (es decir, recaen directamente sobre las personas con nombres y apellidos) y gravan el patrimonio y/o las rentas generadas por los contribuyentes (el IRPF y el Impuesto de Sociedades son los ejemplos más representativos). Los impuestos indirectos gravan el consumo de bienes y servicios con independencia de la naturaleza y circunstancias personales de quien adquiere esos bienes (el IVA es el ejemplo más característico, pero también podemos destacar los impuestos especiales sobre el tabaco, el alcohol o los hidrocarburos).
• Cotizaciones sociales: son las cantidades pagadas por las empresas y los trabajadores afiliados a la Seguridad Social para la financiación de ésta, de modo que los trabajadores tengan derecho a cobertura cuando la necesiten (pensiones de jubilación, prestaciones de desempleo, invalidez, enfermedad, etc.).
• Tasas: son pagos que se exigen a cambio de la prestación de un servicio público o la realización de una actividad en régimen de derecho público (es decir, que no puede ser prestada por el sector privado). Algunos ejemplos representativos podrían ser las matrículas universitarias, la entrada a un museo público o las tasas por expedición de documentos públicos como el DNI o el pasaporte.
• Contribuciones especiales: son pagos exigidos por la obtención por parte del contribuyente de un beneficio gracias a la realización de una obra pública o el establecimiento o ampliación de un servicio público. Fundamentalmente, se trata de un tributo municipal, y suele exigirse a aquellos contribuyentes beneficiados por obras de alcantarillado, alumbrado o cualquier otra mejora de urbanización.

* Los ingresos no fiscales son aquellos que no proceden del pago de tributos. Destacamos los siguientes:

• Deuda pública: está formada por los préstamos que el Estado pide mediante la emisión de bonos y obligaciones. Como sabéis, a ella irá dedicada la próxima entrada, aunque volveremos a referirnos a la deuda pública en esta misma entrada.
• Transferencias de capital: proceden fundamentalmente de los fondos estructurales de la Unión Europea y su destino es financiar proyectos de inversión.
• Transferencias corrientes: son recursos que la Administración recibe de otras entidades y que no se materializarán en proyectos de inversión. Uno de los ejemplos más característicos serían los fondos que el Estado recibe gracias a las Loterías y Apuestas del Estado.
• Ingresos patrimoniales: son rentas generadas por bienes del Estado. Un ejemplo podría ser el alquiler cobrado por la cesión de un suelo público o los dividendos generados por las empresas públicas.
• Ingresos generados por la enajenación de inversiones: son ingresos derivados de la venta de bienes públicos. El ejemplo más característico sería el de la privatización de empresas públicas.

GASTO PÚBLICO

El gasto público es el conjunto de gastos realizados por la Administración. Siguiendo un criterio económico podemos agruparlos en dos grandes categorías:

* Gastos corrientes: son los relacionados con el mantenimiento básico del papel del Estado, ya que se destinan a proporcionar servicios como la sanidad, la educación, la justicia o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Desde un punto de vista macroeconómico, se identifican con el consumo del Estado. Podemos dividirlos en tres grandes categorías:

• Salario de los funcionarios y del personal que trabaja en las empresas y organismos públicos.
• Adquisición de bienes y servicios a empresas y agentes privados.
• Gastos financieros: corresponden al pago de los intereses de la deuda pública.

* Gastos de inversión: son los destinados a mantener y ampliar el capital productivo del país. Se corresponden con el gasto en infraestructuras (carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, hospitales, centros educativos...). Desde un punto de vista macroeconómico, se asimilan a la inversión del Estado.

* Transferencias y subvenciones: son recursos que el Estado transfiere a las empresas y personas que más lo necesiten o que cumplan los requisitos que determine su política económica. Se podría decir que, en este tipo de gastos, el Estado actúa como mero intermediario, detrayendo recursos de ciertos agentes económicos para transferirlos a otros. Las transferencias están destinadas a las personas físicas (pensiones, subsidios de desempleo, becas, pensiones no contributivas...), mientras que las subvenciones están dirigidas a empresas y personas jurídicas (para reducir el coste de producción de determinados bienes, para la creación de puestos de trabajo, por invertir en nuevas tecnologías y bienes de capital...).

DÉFICIT PÚBLICO, DÉFICIT PRIMARIO Y DÉFICIT ESTRUCTURAL

El Presupuesto del Sector Público recoge sus planes de gasto y los ingresos que espera obtener para financiar ese gasto. Si los ingresos y los gastos del Estado son iguales, se dice que el presupuesto está equilibrado. Si gastos e ingresos no son iguales, el presupuesto presenta un desequilibrio que adoptará la forma de superávit (si los ingresos son superiores a los gastos) o déficit (si los gastos son superiores a los ingresos). Como la situación de déficit es la más habitual y la que más preocupa a los economistas, nos centraremos en él. Por tanto, el déficit público es el desequilibrio presupuestario que se produce cuando los gastos del Estado son mayores que sus ingresos.

Un aspecto interesante del déficit es que para medir su importancia se recurre a la proporción que representa con respecto al PIB: es decir, si a día de hoy se dice que el déficit público español es del 5'8%, esto significa que su cuantía representa un 5'8% del PIB español. Sin embargo, debemos tener en cuenta que mientras que el PIB representa una medida de lo que ingresa toda la economía en un año, el déficit representa una carga específica del sector público. Es cierto que cuantificarlo con respecto al PIB tiene su lógica, puesto que permite las comparaciones entre distintos países y el PIB representa un límite máximo a la capacidad financiera del Estado, pero debemos ser conscientes de que esta forma de medirlo minusvalora su importancia (por ejemplo, si midiéramos el déficit con respecto a los ingresos del Estado, podríamos movernos fácilmente en un entorno del 20-25% de déficit, una cifra mucho más impresionante que la del 6% que actualmente se maneja).

Por otro lado, conviene conocer ciertos componentes del déficit que son mencionados muy a menudo por economistas y medios de comunicación:

• Déficit primario: es el que se obtendría descontando el pago de los intereses de la deuda pública. En la medida en que el pago de estos intereses ya está comprometido, el déficit primario es el que resulta de restar a los ingresos públicos el gasto público sobre el que el gobierno tiene cierto margen de actuación. Por otro lado, el hecho de que el presupuesto del sector público arroje un déficit primario es uno de los factores a tener en cuenta para determinar si el volumen de deuda pública es sostenible, como veremos en la próxima entrada (si un Estado presenta un déficit primario persistente, su volumen de deuda pública no dejará de crecer).
• Déficit cíclico o coyuntural: es el que se produce en las fases recesivas de los ciclos económicos, ya que los ingresos públicos disminuyen como consecuencia de la caída de la actividad económica y el gasto público aumenta como consecuencia de la activación de los estabilizadores automáticos (gastos que aumentan automáticamente en determinadas coyunturas, como las prestaciones de desempleo, que aumentan cuando crece el paro). 
• Déficit estructural: es la parte del déficit que es independiente de la fase del ciclo económico y que se debe a desajustes estructurales entre los ingresos y los gastos públicos. Determinar qué parte del déficit es estructural es vital para la economía española, puesto que los compromisos contraídos con la Unión Europea en materia de déficit se refieren al déficit estructural (incluido el límite de déficit que PP y PSOE pactaron incluir en la Constitución). Incumplir estos compromisos puede acarrear sanciones graves de la Unión Europea y la desconfianza de los mercados financieros, con las consecuencias que eso tendría para el coste de la deuda.

EL MULTIPLICADOR DE RASPUTÍN

Uno de los conceptos más recurrentes de los popularizados por John Maynard Keynes es el multiplicador del gasto. Básicamente, lo que nos dice este concepto es que el incremento que se produce en la renta nacional como consecuencia del gasto de 1 € es una cantidad superior a dicho euro.

Esto se debe a que el dinero que se gasta va circulando por la economía, de modo que si un sujeto A paga una determinada cantidad de dinero a otro sujeto B, este sujeto B podrá utilizar ese dinero para comprar algún bien al sujeto C, éste podrá usarlo para comprar algo a un sujeto D y así sucesivamente, resultando al final que el gasto final que tiene lugar en la economía es mucho mayor que el que inicialmente realizó el sujeto A. El efecto multiplicador será más intenso cuanto mayor sea la propensión marginal al consumo, es decir, el porcentaje de sus ingresos que los agentes económicos dediquen al gasto, puesto que cuanto mayor sea esta propensión mayor será la cantidad de dinero que circule por la economía.

Keynes utilizaba este concepto para justificar la intervención del Estado en la economía, pues venía a decir que cada euro gastado por el gobierno redundaría en un crecimiento mucho mayor del PIB y de la renta nacional (por supuesto, el concepto del multiplicador es objeto de debate y controversia; recientemente, el economista jefe del FMI Olivier Blanchard entonó un sonoro mea culpa por subestimar los multiplicadores del gasto cuando defendió las recetas de austeridad en la eurozona).

Lo que me ha hecho gracia es ver cómo un personaje de cómic utiliza el concepto del multiplicador (sin nombrarlo, eso sí) para justificar sus fechorías. Me refiero a Rasputín, seguramente el secundario más carismático de la serie Corto Maltés.

Como muchos de vosotros sabréis, Corto Maltés es una serie de aventuras creada en 1967 por el italiano Hugo Pratt. Su protagonista es el marinero Corto Maltés, un aventurero romántico que recorre el mundo durante el primer cuarto del siglo XX. A principios de 1920, Corto se encuentra en Siberia, trabajando a las órdenes de la organización de los Linternas Rojas para intentar robar el oro del zar, que viaja en tren por las estepas siberianas, como se cuenta en Corto Maltés en Siberia, una de las aventuras más largas creadas por Pratt. A dicha aventura pertenecen estas viñetas:

Impecable razonamiento, ¿verdad? Y más en la época en la que vivimos, donde todo corrupto y ladrón de guante blanco que se precie corre a esconder su dinero en Suiza. Lo más interesante es que, dado que esta aventura transcurre en 1920 y que sabemos que Corto Maltés y Rasputín recorrieron el mundo entero y conocieron a personajes reales como Jack London, Butch Cassidy y Sundance Kid, el Barón Rojo o Josef Stalin... ¿sería muy descabellado imaginar que fue el propio Rasputín el que inspiró a Keynes o a Richard Kahn cuando enunciaron el concepto del multiplicador?

Quién sabe, a lo mejor los viajes de Corto Maltés le llevaron a coincidir con el Círculo de Bloomsbury.

EL PROBLEMA DE LA DEUDA EN ESPAÑA

Como sabéis, la llegada de Podemos ha generado un auténtico terremoto en el panorama político español. En la siguiente entrada nos centraremos en una de las medidas más polémicas propuestas por la formación de Pablo Iglesias: la reestructuración de la deuda. En efecto, vamos a abordar la conveniencia o no de esta medida y, para ello, debemos hablar de uno de los problemas más graves de la economía española: el endeudamiento.

ENDEUDAMIENTO MASIVO.

Si tomamos datos oficiales del Banco de España, el endeudamiento total de la economía española en 2008, año en que oficialmente estalla la crisis, era de 3'98 billones de euros, una auténtica barbaridad, sobre todo si tenemos en cuenta que el PIB español era de algo más de un billón de euros. Ojo, no estamos hablando de deuda pública, sino de deuda total de la economía española, de la que la deuda del sector público es tan sólo una parte, como veremos a continuación.

En el siguiente gráfico podemos observar cómo se dividía este endeudamiento entre los distintos sectores de la economía. Además, para analizar cómo y en qué momento se generó toda esa deuda no sólo incluiremos los datos referidos a 2008, año en el que "oficialmente" comienza la crisis, sino también los de 1996, año en el que llega al gobierno José María Aznar y comienza el "milagro económico" español, y 2002, año en el que comienza a circular el euro.

• La deuda de las empresas (sociedades no financieras) ascendía en 2008 al 135'6% del PIB (1'475 billones de euros). Dentro de este endeudamiento tuvo un gran peso la inversión en el sector inmobiliario y la construcción, que llegaron a suponer un 47'6% de la inversión total (es decir, prácticamente la mitad de la inversión privada que se llevaba a cabo en el país era en el sector de la construcción). Pero aunque inmobiliarias y constructoras fueron las campeonas del endeudamiento, hay que tener en cuenta el proceso de expansión internacional de las grandes empresas españolas (bancos, petroleras, eléctricas, etc.) que tuvo lugar principalmente en América Latina y generó una gran necesidad de recursos financieros.
• La deuda de las familias ascendía al 83% del PIB en 2008 (913.000 millones de euros). La mayor parte de esta deuda estaba vinculada a la adquisición de viviendas. Ha sido corriente criticar a los ciudadanos diciendo que "vivieron por encima de sus posibilidades". Sin embargo, mientras que bancos y empresas se endeudaron buscando beneficios y plusvalías, las familias lo hicieron para adquirir un bien esencial brutalmente sobrevalorado; además, la ausencia de una política pública de vivienda que facilitase el alquiler o la adquisición de viviendas de protección oficial no dejó otra opción a muchas familias. De hecho, basar el crecimiento de la economía española en el desarrollo del sector de la construcción, como hicieron los gobiernos de Aznar y Zapatero, sólo podía acabar con un sobreendeudamiento de las familias. 
• La deuda de las entidades financieras suponía en 2008 el 99'6% del PIB (1'08 billones de euros). Como se puede apreciar en el gráfico, la llegada del euro influyó de forma determinante en el endeudamiento de los bancos: si entre 2002 y 2008 el endeudamiento de familias y empresas se multiplicó por 2'4 y 2'3 respectivamente, en esos seis años el endeudamiento de los bancos se multiplicó por 7'5. Antes del euro, los bancos financiaban los créditos que concedían con los depósitos de sus clientes; tras la entrada en el euro, los bancos tuvieron que financiar la gran demanda de crédito de familias y empresas con capital europeo (principalmente alemán y francés), con lo que su deuda pasó de menos de 145.000 millones de euros en 2002 a más de un billón de euros en 2008 (algo de esto ya lo vimos en nuestra primera entrada, ¿os acordáis?).
• La deuda pública ascendía en 2008 al 47% del PIB (510.000 millones de euros). Este dato pone de manifiesto otra de las grandes falacias de la crisis: que ésta se debió al endeudamiento público y a un excesivo gasto del Estado. Que hubo despilfarro público es evidente (ahí están los aeropuertos sin aviones y las autopistas sin tráfico para atestiguarlo), pero la deuda pública no sólo disminuyó, sino que en 2007 hubo superávit de las cuentas públicas. Es cierto que esto se debió a que la burbuja especulativa generó un boom de ingresos fiscales (ingresos que se desvanecieron en cuanto la burbuja explotó), pero no es menos cierto que echar la culpa de la crisis al endeudamiento público es desviar la atención de sus auténticas causas.

Conviene detenerse un instante a analizar la magnitud de estas cifras. Que el endeudamiento de los cuatro sectores analizados fuese del 365'4 % del PIB en 2008 significa que la economía española debería dedicar TODO lo que produce al pago de su deuda durante más de tres años y medio para poder saldarla. Repito: TODO; es decir, no quedaría nada para comer, vestirse, inversión de las empresas, etc. Con lo que nos cuesta ahorrar a final de mes, ya os imaginaréis que devolver esa deuda es... digámoslo suavemente, peliagudo.

Observando con más detenimiento el gráfico queda de manifiesto la debilidad del crecimiento económico español: mientras que nuestro PIB creció un 229'5% entre 1996 y 2008, el endeudamiento de la economía española lo hizo un 524'42%. Si solo tenemos en cuenta la deuda privada, este aumento es mucho más alarmante y llegó al 850'10%. Es decir, para que el PIB se multiplicara por 2'29 hizo falta que el endeudamiento lo hiciera por 5'24 y la deuda de los agentes privados por 8'5. Como le he oído decir al economista Santiago Niño Becerra, la economía española sólo creció gracias a que se cargó con una mochila de deuda (aunque yo más bien hablaría de un container).

Aún peor, la mayor parte de ese endeudamiento ha sido fruto de una dinámica especulativa en torno a un bien concreto, la vivienda, que generó una gran inestabilidad en el sistema.

FLEXIBILIZANDO EL MERCADO DE TRABAJO

(CON LO QUE CONCLUYE NUESTRA TRILOGÍA SOBRE EL MERCADO DE TRABAJO)

En nuestro último artículo, al hablar de las políticas activas de empleo, mencionábamos que el objetivo de los gobiernos al aprobar reformas laborales es flexibilizar el mercado de trabajo.

Normalmente, "flexibilizar el mercado de trabajo" se utiliza como eufemismo de "abaratar el despido". Sin embargo, como suele ocurrir, no todo es tan sencillo, así que una buena forma de finalizar nuestra trilogía sobre el mercado de trabajo podría ser analizar este concepto.

En términos económicos, cuando hablamos de "flexibilidad", hablamos de "capacidad de adaptación". Si nos referimos a la flexibilidad de la empresa, estamos hablando de la capacidad de esta para ajustarse a las necesidades de los consumidores y adaptarse a los cambios del entorno.

Por ejemplo, si hablamos de flexibilidad productiva, nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene la empresa para alterar su producción sin incurrir en elevados costes:

• la flexibilidad del producto hace referencia a la capacidad para incrementar y/o reducir la gama de productos de la empresa y adaptarlos a las necesidades específicas de los clientes.
• la  flexibilidad de volumen hace referencia a la capacidad para variar el nivel de producción de la empresa, aumentando o disminuyendo la velocidad de su ciclo de explotación.
• la flexibilidad de las líneas de producción hace referencia al grado de división del trabajo entre trabajadores y bienes de capital que permita maximizar el volumen de producción.

Pero, dado el tema de nuestro artículo, la que nos interesa es la flexibilidad laboral o flexibilidad del mercado de trabajo. Si, como hemos dicho, flexibilidad quiere decir capacidad de adaptación, el término flexibilidad laboral tiene también unas claras connotaciones ideológicas, en este caso de carácter liberal.

Así, si los liberales adoran los mercados, a los que consideran perfectos y eficientes, flexibilizar el mercado de trabajo implica eliminar todas las rigideces que lo constriñen y que le impiden actuar como un mercado eficiente. Por tanto, flexibilizar el mercado de trabajo supondría una desregulación radical del mercado, eliminando las leyes y disposiciones que tienden a proteger al trabajador (tales como las indemnizaciones por despido o las trabas para tramitar un expediente de regulación de empleo).

Pero para comprender mejor qué implica la flexibilidad laboral y de qué manera puede implementarse, lo mejor es ver qué formas puede adoptar...

1.- Flexibilidad numérica o externa: hace referencia a la capacidad de la empresa para ajustar el número de empleados o de horas de trabajo contratadas a las fluctuaciones de la demanda. Una empresa gozará de flexibilidad numérica cuando el número de trabajadores disponibles se corresponda con el número de trabajadores necesarios en cada momento.

Tradicionalmente,  es el tipo de flexibilidad en el que se centran las peticiones de los empresarios españoles cuando se dirigen al gobierno. Puede conseguirse a través de medidas como la eliminación de las exigencias requeridas para el despido de los trabajadores o el incentivo de la contratación temporal (de hecho, las sucesivas reformas laborales aprobadas por los ejecutivos españoles han incidido especialmente en ambas medidas).

2.-  Flexibilidad funcional o interna: hace referencia a la capacidad de la empresa para adecuar las competencias de los trabajadores a los cambios tecnológicos y a las exigencias de los consumidores y del mercado. La flexibilidad interna debe permitir a la empresa reubicar a los trabajadores rápidamente y sin fricciones entre diferentes actividades y tareas.

Las medidas que persiguen la flexibilidad interna son aquellas que favorecen la movilidad funcional y geográfica, la distribución irregular del tiempo de trabajo, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo o la suspensión del contrato y/o reducción de la jornada de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Son medidas muy positivas en la medida en que permiten hacer frente a las oscilaciones de la demanda sin recurrir al despido y preservando el capital humano del que dispone la empresa, aunque en muchos casos no dejan de ser costosas para el trabajador.

Al margen de las posibles medidas gubernamentales, la empresa también tiene que decir mucho a la hora de apostar por la flexibilidad interna, favoreciendo la formación continua y el reciclaje de los trabajadores y la integración del personal en la empresa (por ejemplo, a través de la agilización de los canales de comunicación interna, la dotación de mayores espacios de participación en la empresa, la búsqueda de un proyecto de empresa compartido por los trabajadores, etc.).

3.- Flexibilidad financiera: hace referencia a la capacidad de la empresa para establecer una estructura salarial acorde con los resultados obtenidos y el desempeño efectivo de los trabajadores.

Una de las medidas más habituales que buscan garantizar la flexibilidad financiera son las propuestas que pretenden vincular el salario de los trabajadores a la productividad en vez de a la inflación. En el ámbito de la empresa es muy común apostar por medidas de flexibilidad financiera, por ejemplo en aquellos salarios que dependan del cobro de comisiones o en el establecimiento de incentivos en función de las ventas obtenidas (seguro que a todos se os ocurren casos cercanos, por ejemplo en la estructura salarial de los trabajadores de grandes cadenas comerciales como El Corte Inglés).

Para tener una visión más completa de la flexibilidad, resumamos todos estos conceptos en un gráfico, como hicimos en las anteriores entradas dedicadas al mercado de trabajo:

LUCHANDO CONTRA EL PARO

Fundamentalmente, el éxito o el fracaso en la gestión económica de un gobierno se mide por su capacidad para generar empleo a lo largo de la legislatura, pero... ¿tiene realmente un gobierno capacidad para crear empleo o tan sólo se limita a crear las condiciones favorables para que éste florezca por sí mismo?

Si en la anterior entrada hicimos un repaso a las distintas formas de medir el paro, a continuación vamos a ver las principales medidas que están en manos del gobierno para luchar contra el desempleo.

¿Os acordáis de la caja de muñecos de la anterior entrada? ¡Pues hay que vaciarla!

En todo caso, antes de centrarnos en las políticas de empleo, es necesario detenernos en varios conceptos a los que haremos referencia a lo largo de la entrada y que no siempre son entendidos correctamente por el ciudadano medio. En concreto, me refiero a la oferta y la demanda de trabajo.

El mercado de trabajo es un mercado porque en él confluyen los compradores y vendedores de un bien concreto: el trabajo (entendido este como el esfuerzo físico y/o intelectual que se presta a cambio de una retribución). Compradores y vendedores determinan la demanda y la oferta de trabajo:

• la oferta de trabajo proviene de los trabajadores, que ofrecen su trabajo a las empresas a cambio de un salario que les permita obtener los recursos que necesitan para satisfacer sus necesidades. Como en la oferta de cualquier bien, cuanto mayor sea el salario ofrecido por las empresas, mayor será el número de personas dispuestas a trabajar (gráficamente, esto se representa mediante una curva creciente).
• la demanda de trabajo proviene de las empresas, que necesitan trabajadores para desarrollar su actividad. Como en la demanda de cualquier bien, cuanto menor sea el salario a pagar mayor será el número de trabajadores que estarán dispuestas a contratar las empresas (gráficamente, esto se representa mediante una curva decreciente).

Es importante hacer esta aclaración, puesto que en el lenguaje cotidiano solemos referirnos a estos conceptos al revés de como lo hacen los economistas: aunque coloquialmente decimos que las empresas realizan ofertas de trabajo a través de la prensa y de las páginas web, quien en verdad realiza una oferta de trabajo es el trabajador, que a fin de cuentas es el dueño de su trabajo y el que decide si lo ofrece o no a un empresario (al menos, mientras no vuelva a instaurarse la esclavitud); lo que en realidad hacen las empresas es demandar trabajo, puesto que necesitan a alguien que realice una determinada función en la empresa.

Siguiendo con los conceptos explicados en el artículo anterior, la oferta de trabajo se correspondería con la población activa, pues ésta engloba tanto a las personas que tienen trabajo como a las que lo buscan. Si nos atenemos a las leyes de la oferta y la demanda que rigen en todo mercado, podemos decir que el paro se produce como consecuencia de un exceso de oferta en el mercado de trabajo, pues tiene lugar cuando, para un salario dado, la oferta de trabajo (las personas que quieren trabajar) es mayor que demanda de trabajo (los trabajadores que quieren contratar las empresas).

Hay corrientes de economistas que afirman que, en última instancia, el paro es un desempleo voluntario, pues podría reducirse siempre que el trabajador aceptase cobrar un menor salario. Otros, en cambio, pensamos que el paro es un problema de demanda, es decir, de insuficiencia de la demanda agregada de la economía (si no hay compradores para sus bienes y servicios, las empresas no contratarán a más trabajadores para producirlos), pero no entremos en este debate, que no es el objeto de este artículo...

Una vez repasados estos conceptos, centrémonos pues en los instrumentos con los que cuentan los gobiernos en materia de empleo. Si nos atenemos a la definición dada por la ley (Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo), las políticas de empleo son aquellas políticas públicas encaminadas a la consecución del pleno empleo, la calidad en el empleo, la reducción de las situaciones de desempleo y la protección en las situaciones de desempleo. Dentro de las mismas, podemos encontrar dos tipos de políticas:

1. Políticas pasivas de empleo: tienen por objeto la protección económica del desempleado mientras dure la situación de desempleo. Incluyen tanto los sistemas de prestación por desempleo como políticas fiscales pasivas (por ejemplo, exenciones en el IRPF a personas desempleadas).
2. Políticas activas de empleo: hacen referencia a la intervención directa de los gobiernos en el mercado de trabajo para prevenir o aliviar el desempleo y para mejorar el funcionamiento del mercado trabajo en términos generales; por tanto, inciden directamente sobre la oferta y/o la demanda de trabajo o sobre la forma en que ambas se relacionan.

Lógicamente, son las políticas activas las que deben utilizarse para luchar contra el paro, teniendo las políticas pasivas un carácter de protección social. En todo caso, los gobiernos sí que hacen uso de las políticas pasivas para luchar contra el desempleo, fundamentalmente reduciendo la protección a los parados para obligarles a que busquen trabajo con más ganas (como hizo Mariano Rajoy en julio de 2012 o como piden insistentemente las organizaciones patronales).

Por mi parte, aunque reconozco que bajar las prestaciones obliga a los trabajadores a darse más prisa en encontrar empleo (o los hace menos "exigentes" con las ofertas que les lleguen, para entendernos), no estoy de acuerdo con esas medidas porque creo que las políticas públicas no deben guiarse única y exclusivamente por criterios economicistas, sino que también debe primar la protección y el bienestar de la población.

Centrándonos en las políticas activas, estas pueden dividirse en tres categorías según afecten a la oferta de trabajo, a la demanda de trabajo o a la forma en que ambas interactúan:

1.- Medidas que actúan sobre la oferta de trabajo: tratan de mejorar y/o reducir la oferta de trabajo.

• En la medida que el desempleo se puede considerar como un exceso de oferta en el mercado de trabajo, una de las medidas más claras para luchar contra él sería reducir la oferta de trabajo. Dentro de estas medidas podemos incluir las jubilaciones anticipadas, la prolongación de la vida educativa de los jóvenes (de modo que las nuevas generaciones tarden más en incorporarse al mercado de trabajo al tiempo que mejoran su cualificación), la prohibición de las horas extraordinarias o la reducción de la jornada laboral.

• Medidas de formación e inserción en el mercado de trabajo: comprenden las medidas destinadas a mejorar la empleabilidad de los trabajadores. La empleabilidad de un trabajador hace referencia a que disponga de la cualificación y adaptabilidad que exigen el dinamismo del mercado de trabajo y el sistema empresarial; la empleabilidad implica adquirir un conjunto de conocimientos, habilidades, valores y comportamientos que permitan al individuo alcanzar sus objetivos personales y a la empresa alcanzar los suyos como organización. Dentro de estas medidas se incluirían todos los cursos de formación y reciclaje para jóvenes y desempleados, tristemente célebres por el escándalo de los ERE.

2.- Medidas destinadas a aumentar la demanda de trabajo, ya sea de forma genérica o dirigida a colectivos concretos. Pueden concretarse en toda una batería de medidas:

• Fomento de la contratación: consiste en incentivar la creación de puestos de trabajo mediante subvenciones a las empresas que creen puestos de trabajo o reducciones selectivas en las cotizaciones sociales a pagar por las empresas que contraten trabajadores. Un ejemplo reciente sería la tarifa plana de 100 euros de cotización a la seguridad social por trabajador indefinido que anunció Mariano Rajoy en febrero de 2014. En la medida en la que a las empresas les sería más barato contratar nuevos trabajadores, se supone que aumentarán su demanda de trabajo.

• Apoyo al autoempleo: incluye programas de asesoramiento y financiación que faciliten la inserción laboral de personas desempleadas por la vía del autoempleo. Un ejemplo sería la posibilidad de capitalizar la prestación por desempleo (es decir, recibirla toda en un pago único) para destinarla a la creación de un nuevo negocio.

• Creación de empleo público: Una forma obvia de reducir el desempleo es la creación de empleo público. Lógicamente, esta medida sólo será efectiva si los puestos de trabajo que se creen sean realmente necesarios y si la situación de las arcas públicas permite la creación de estos puestos de trabajo. En todo caso, la creación de puestos de trabajo públicos es una decisión que escapa al ámbito de la política laboral y que responde a decisiones relacionadas con las políticas de educación, sanidad, justicia, seguridad, etc.

• Apoyo a sectores económicos concretos: consiste en incentivar económicamente a determinados sectores para estimular la creación de empleo o frenar su destrucción. Algunos ejemplos serían las sucesivas rondas del Plan Renove o las ayudas a la minería del carbón. De todos modos, como en el caso anterior, estas políticas pueden calificarse como estratégicas y escapan del ámbito de la política laboral, quedando generalmente en manos de ministerios como el de Economía o el de Industria.

3.- Medidas de intermediación entre la oferta y la demanda de trabajo: pretenden facilitar la interacción entre oferentes y demandantes de trabajo. Básicamente consisten en la mejora de los flujos de información del mercado de trabajo a través de los servicios públicos de empleo, aunque en los últimos tiempos crece la colaboración entre dichos servicios públicos y entidades privadas como las empresas de trabajo temporal (ETT). Las principales actuaciones sobre los oferentes de empleo son la orientación, información y seguimiento.

Podemos sintetizar todas estas medidas en el siguiente gráfico (del que eliminamos aquellas medidas que por su amplitud escapan del ámbito de las políticas de empleo):

MIDIENDO EL PARO

Si hay un problema acuciante en la economía española, es el paro. Las estadísticas oficiales arrojan cifras escalofriantes que alarman a la opinión pública: un 25% de paro, seis millones de personas sin empleo, etc. Sin embargo, si queremos conocer bien la dimensión del problema es imprescindible tener unas nociones básicas sobre los instrumentos que se utilizan para medirlo. A eso dedicaremos la siguiente entrada.

¿Cómo podemos calcular las figuras que debemos incluir en la caja? Lo veremos en esta entrada.

El instrumento más utilizado para estudiar el estado de la fuerza de trabajo del país es la Encuesta de Población Activa (EPA), una encuesta realizada trimestralmente a unas 65.000 familias por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con distintas modificaciones, viene realizándose desde 1964 y responde a criterios estandarizados para la Unión Europea, por lo que sirve para comparar nuestra situación con la de muchos países de nuestro entorno.

Como su propio nombre indica, la EPA no es un censo ni un padrón, es una encuesta, por lo que existe un margen de error. Además, es una encuesta de hogares familiares, no de personas, por lo que excluye los datos relativos a aquellas personas que residan en viviendas colectivas (cuarteles, residencias, internados, etc.); por tanto, puede decirse que la EPA minusvalora la población española al no tener en cuenta a estas personas. En todo caso, el INE le atribuye unos márgenes de error muy ajustados (en torno al 2% para la medición de la población activa) y la mayor parte de los economistas confían en los datos de la EPA como en la imagen más fiel de la población activa de un país.

Ya he mencionado en un par de ocasiones el termino "población activa". En efecto, la EPA desagrega la población española en una serie de categorías atendiendo a la situación laboral de cada individuo. Veamos brevemente cuáles son estas categorías para conocer cómo se estudian los datos de empleo.

Población menor de 16 años: en España está prohibido que los menores de 16 años desarrollen cualquier tipo de trabajo (con excepciones muy concretas relacionadas con el mundo del espectáculo), por lo que estas personas no son tenidas en cuenta a la hora de calcular los porcentajes de parados y ocupados en España.

Población activa: está formada por las personas de 16 años o más incorporadas al mercado de trabajo. Es decir, incluye a las personas que están trabajando y a las que buscan trabajo. Conviene precisar que, mientras que el INE considera población activa a todas las personas de 16 o más años que reúnan estas características, Eurostat no tiene en cuenta a las personas mayores de 64 años (o la edad legal de jubilación), lo que introduce ligeras diferencias entre los datos de una y otra agencia.

• Ocupados: son las personas que tienen un puesto de trabajo. Los trabajadores pueden serlo por cuenta propia o por cuenta ajena: en el primer caso, estaríamos hablando de empresarios autónomos, empleadores (con o sin trabajadores asalariados a su cargo) y cooperativistas o miembros de otras formas de economía social; en el segundo caso, estaríamos hablando de trabajadores del sector público o de la empresa privada. En todo caso, las posibilidades de clasificar a los trabajadores son ilimitadas, pudiendo distinguir entre trabajadores fijos o temporales, a tiempo completo o parcial, etc.
• Parados: según la EPA, son parados las personas de 16 o más años que no tienen un puesto de trabajo pero que lo están buscando activamente y están disponibles para empezar a trabajar en un plazo de dos semanas. Al igual que los ocupados, los parados pueden subdividirse atendiendo a distintos criterios: si buscan su primer empleo o si ya han trabajado con anterioridad, si perciben prestaciones de desempleo o no, según la duración de la situación de desempleo, según la actividad profesional que desarrollaban antes de quedarse en paro, etc.

Población inactiva: según el INE, está integrada por las personas de 16 o más años no incluidas en ninguna de las categorías anteriores, lo que incluye a estudiantes, jubilados y pensionistas, personas dedicadas a las tareas del hogar, rentistas, incapacitados para realizar cualquier actividad, voluntariado que trabaja sin remuneración en actividades benéficas, personas que no tienen interés en estudiar ni en trabajar (los populares "ninis"), etc.

Para situar mejor estas categorías de población, veámoslas en el siguiente gráfico, en el que además se incluyen los datos relativos a la situación española en el segundo trimestre de 2014:

Datos relativos al segundo trimestre de 2014. Fuente: INE.

EL CAPITAL EN EL SIGLO XXI, DE THOMAS PIKETTY (reseña de un no lector)

Thomas Piketty y la portada de la edición en inglés de su libro.

Si un libro sobre economía ha causado revuelo en los últimos tiempos, ha sido sin duda alguna El Capital en el siglo XXI, del economista francés Thomas Piketty. Si bien el libro fue publicado originalmente en Francia, ha sido el monumental éxito de su traducción al inglés lo que le ha catapultado a la fama y ha creado una gran controversia en los círculos económicos. Como suele ocurrir, España llega tarde a este boom y el libro aún no se ha publicado en nuestro país. En la última feria del libro de Madrid, varios trabajadores de la editorial FCE (Fondo de Cultura Económico) me comentaron que tenían prevista su publicación en español para este próximo otoño, por lo que puede que la espera no sea ya muy larga. De todas formas, mientras que aguardamos a que eso suceda, dedicaré este post a resumir brevemente la tesis principal del libro de Piketty para poneros al corriente a aquellos que aún no sepáis de lo que trata el libro.

Como he hecho en el título de la entrada, ya aviso de antemano de que no he leído el libro. La información de este artículo está sacada de lo que he podido leer en distintas revistas y páginas web. Por otra parte, es obvio que esta breve entrada es tan solo un apunte; el libro de Piketty tiene 700 páginas y está lleno de datos y no puedo esperar resumirlo en cinco párrafos. Si lo preferís, mi única intención es poneros en antecedentes a aquellos que acabéis leyendo el libro cuando se publique en español.

Thomas Piketty debutó en el mundo económico con solo 22 años al escribir una tesis sobre la redistribución de la riqueza. Especialmente notables, y muy citados en el ámbito académico, han sido sus estudios sobre la desigualdad realizados junto a Emmanuel Saez, y la desigualdad es también el tema central de su último libro. Por tanto, podemos decir que Piketty lleva toda su vida estudiando la desigualdad, algo que no es extraño viniendo del hijo de dos revolucionarios de mayo del 68 que se retiraron a criar cabras en el sur de Francia como una forma de escape de una sociedad injusta.

En su libro, Piketty aborda el estudio de la creciente desigualdad como un rasgo autodestructivo de la sociedad. Las variables claves en el análisis del autor son la tasa de rendimiento del capital, r, y la tasa de crecimiento de la economía, g, medida normalmente a través de la tasa de variación del PIB. En opinión de Piketty, la tendencia normal de la economía es que r sea mayor que g, lo que incrementa la desigualdad y pone en peligro la estabilidad social. En su obra, riqueza y capital son equivalentes y constituyen el capital productivo de la sociedad; por tanto, cuanto mayor sea el peso del capital en la economía, mayor será la concentración de la riqueza y la diferencia entre ricos y pobres.

El estudio de Piketty abarca más de tres siglos, que se inician con la Revolución Industrial, cuando el capital gana protagonismo frente a la mano de obra:

1. Con la Revolución Industrial se inicia un proceso en el que las máquinas pasan a sustituir a la mano de obra y el capital llega a suponer siete veces la generación anual de riqueza (es decir, se necesitaría acumular toda la producción de siete años para reunir una riqueza equivalente al capital productivo previo).
2. A partir de 1914, la proporción entre capital y producción de la economía se equilibra debido a la destrucción de bienes y propiedades en general provocada por la I Guerra Mundial, a la que se unió el crack del 29 y la devastación de la II Guerra Mundial. A esta sucesión de catástrofes le sigue un período en el que la proporción entre capital y producción está mucho más equilibrada.
3. En las últimas décadas, esta tendencia se ha invertido, regresando a una situación en la que el capital es seis veces superior a la producción de la economía. Simultáneamente, la brecha que separa a ricos y pobres se ha ampliado.

Cuando la tasa de rendimiento del capital, r, es mayor que la tasa de crecimiento de la economía, g, el capital (es decir, la riqueza) está creciendo más que la economía en su conjunto, de modo que el trozo del "pastel" que se quedan los ricos es mayor y el que queda para los pobres es cada vez menor.

Los capitalistas, que obtienen una parte cada vez mayor de la riqueza a repartir, la dejan en herencia a sus sucesores, que ya nacen ricos y ven crecer su capital por encima de lo que crece la economía sin necesidad de trabajar. De este modo, poco a poco, el capital va creciendo en relación al resto de la economía.

NUFF SAID!!!!

Marshall Auerback, economista, representante de la llamada Nueva Teoría Monetaria y miembro consejero del Instituto Franklin y Eleanor Roosevelt, donde colabora con el proyecto de política económica alternativa New Deal 2.0.