LUCHANDO CONTRA EL PARO

Fundamentalmente, el éxito o el fracaso en la gestión económica de un gobierno se mide por su capacidad para generar empleo a lo largo de la legislatura, pero... ¿tiene realmente un gobierno capacidad para crear empleo o tan sólo se limita a crear las condiciones favorables para que éste florezca por sí mismo?

Si en la anterior entrada hicimos un repaso a las distintas formas de medir el paro, a continuación vamos a ver las principales medidas que están en manos del gobierno para luchar contra el desempleo.

¿Os acordáis de la caja de muñecos de la anterior entrada? ¡Pues hay que vaciarla!

En todo caso, antes de centrarnos en las políticas de empleo, es necesario detenernos en varios conceptos a los que haremos referencia a lo largo de la entrada y que no siempre son entendidos correctamente por el ciudadano medio. En concreto, me refiero a la oferta y la demanda de trabajo.

El mercado de trabajo es un mercado porque en él confluyen los compradores y vendedores de un bien concreto: el trabajo (entendido este como el esfuerzo físico y/o intelectual que se presta a cambio de una retribución). Compradores y vendedores determinan la demanda y la oferta de trabajo:

• la oferta de trabajo proviene de los trabajadores, que ofrecen su trabajo a las empresas a cambio de un salario que les permita obtener los recursos que necesitan para satisfacer sus necesidades. Como en la oferta de cualquier bien, cuanto mayor sea el salario ofrecido por las empresas, mayor será el número de personas dispuestas a trabajar (gráficamente, esto se representa mediante una curva creciente).
• la demanda de trabajo proviene de las empresas, que necesitan trabajadores para desarrollar su actividad. Como en la demanda de cualquier bien, cuanto menor sea el salario a pagar mayor será el número de trabajadores que estarán dispuestas a contratar las empresas (gráficamente, esto se representa mediante una curva decreciente).

Es importante hacer esta aclaración, puesto que en el lenguaje cotidiano solemos referirnos a estos conceptos al revés de como lo hacen los economistas: aunque coloquialmente decimos que las empresas realizan ofertas de trabajo a través de la prensa y de las páginas web, quien en verdad realiza una oferta de trabajo es el trabajador, que a fin de cuentas es el dueño de su trabajo y el que decide si lo ofrece o no a un empresario (al menos, mientras no vuelva a instaurarse la esclavitud); lo que en realidad hacen las empresas es demandar trabajo, puesto que necesitan a alguien que realice una determinada función en la empresa.

Siguiendo con los conceptos explicados en el artículo anterior, la oferta de trabajo se correspondería con la población activa, pues ésta engloba tanto a las personas que tienen trabajo como a las que lo buscan. Si nos atenemos a las leyes de la oferta y la demanda que rigen en todo mercado, podemos decir que el paro se produce como consecuencia de un exceso de oferta en el mercado de trabajo, pues tiene lugar cuando, para un salario dado, la oferta de trabajo (las personas que quieren trabajar) es mayor que demanda de trabajo (los trabajadores que quieren contratar las empresas).

Hay corrientes de economistas que afirman que, en última instancia, el paro es un desempleo voluntario, pues podría reducirse siempre que el trabajador aceptase cobrar un menor salario. Otros, en cambio, pensamos que el paro es un problema de demanda, es decir, de insuficiencia de la demanda agregada de la economía (si no hay compradores para sus bienes y servicios, las empresas no contratarán a más trabajadores para producirlos), pero no entremos en este debate, que no es el objeto de este artículo...

Una vez repasados estos conceptos, centrémonos pues en los instrumentos con los que cuentan los gobiernos en materia de empleo. Si nos atenemos a la definición dada por la ley (Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo), las políticas de empleo son aquellas políticas públicas encaminadas a la consecución del pleno empleo, la calidad en el empleo, la reducción de las situaciones de desempleo y la protección en las situaciones de desempleo. Dentro de las mismas, podemos encontrar dos tipos de políticas:

1. Políticas pasivas de empleo: tienen por objeto la protección económica del desempleado mientras dure la situación de desempleo. Incluyen tanto los sistemas de prestación por desempleo como políticas fiscales pasivas (por ejemplo, exenciones en el IRPF a personas desempleadas).
2. Políticas activas de empleo: hacen referencia a la intervención directa de los gobiernos en el mercado de trabajo para prevenir o aliviar el desempleo y para mejorar el funcionamiento del mercado trabajo en términos generales; por tanto, inciden directamente sobre la oferta y/o la demanda de trabajo o sobre la forma en que ambas se relacionan.

Lógicamente, son las políticas activas las que deben utilizarse para luchar contra el paro, teniendo las políticas pasivas un carácter de protección social. En todo caso, los gobiernos sí que hacen uso de las políticas pasivas para luchar contra el desempleo, fundamentalmente reduciendo la protección a los parados para obligarles a que busquen trabajo con más ganas (como hizo Mariano Rajoy en julio de 2012 o como piden insistentemente las organizaciones patronales).

Por mi parte, aunque reconozco que bajar las prestaciones obliga a los trabajadores a darse más prisa en encontrar empleo (o los hace menos "exigentes" con las ofertas que les lleguen, para entendernos), no estoy de acuerdo con esas medidas porque creo que las políticas públicas no deben guiarse única y exclusivamente por criterios economicistas, sino que también debe primar la protección y el bienestar de la población.

Centrándonos en las políticas activas, estas pueden dividirse en tres categorías según afecten a la oferta de trabajo, a la demanda de trabajo o a la forma en que ambas interactúan:

1.- Medidas que actúan sobre la oferta de trabajo: tratan de mejorar y/o reducir la oferta de trabajo.

• En la medida que el desempleo se puede considerar como un exceso de oferta en el mercado de trabajo, una de las medidas más claras para luchar contra él sería reducir la oferta de trabajo. Dentro de estas medidas podemos incluir las jubilaciones anticipadas, la prolongación de la vida educativa de los jóvenes (de modo que las nuevas generaciones tarden más en incorporarse al mercado de trabajo al tiempo que mejoran su cualificación), la prohibición de las horas extraordinarias o la reducción de la jornada laboral.

• Medidas de formación e inserción en el mercado de trabajo: comprenden las medidas destinadas a mejorar la empleabilidad de los trabajadores. La empleabilidad de un trabajador hace referencia a que disponga de la cualificación y adaptabilidad que exigen el dinamismo del mercado de trabajo y el sistema empresarial; la empleabilidad implica adquirir un conjunto de conocimientos, habilidades, valores y comportamientos que permitan al individuo alcanzar sus objetivos personales y a la empresa alcanzar los suyos como organización. Dentro de estas medidas se incluirían todos los cursos de formación y reciclaje para jóvenes y desempleados, tristemente célebres por el escándalo de los ERE.

2.- Medidas destinadas a aumentar la demanda de trabajo, ya sea de forma genérica o dirigida a colectivos concretos. Pueden concretarse en toda una batería de medidas:

• Fomento de la contratación: consiste en incentivar la creación de puestos de trabajo mediante subvenciones a las empresas que creen puestos de trabajo o reducciones selectivas en las cotizaciones sociales a pagar por las empresas que contraten trabajadores. Un ejemplo reciente sería la tarifa plana de 100 euros de cotización a la seguridad social por trabajador indefinido que anunció Mariano Rajoy en febrero de 2014. En la medida en la que a las empresas les sería más barato contratar nuevos trabajadores, se supone que aumentarán su demanda de trabajo.

• Apoyo al autoempleo: incluye programas de asesoramiento y financiación que faciliten la inserción laboral de personas desempleadas por la vía del autoempleo. Un ejemplo sería la posibilidad de capitalizar la prestación por desempleo (es decir, recibirla toda en un pago único) para destinarla a la creación de un nuevo negocio.

• Creación de empleo público: Una forma obvia de reducir el desempleo es la creación de empleo público. Lógicamente, esta medida sólo será efectiva si los puestos de trabajo que se creen sean realmente necesarios y si la situación de las arcas públicas permite la creación de estos puestos de trabajo. En todo caso, la creación de puestos de trabajo públicos es una decisión que escapa al ámbito de la política laboral y que responde a decisiones relacionadas con las políticas de educación, sanidad, justicia, seguridad, etc.

• Apoyo a sectores económicos concretos: consiste en incentivar económicamente a determinados sectores para estimular la creación de empleo o frenar su destrucción. Algunos ejemplos serían las sucesivas rondas del Plan Renove o las ayudas a la minería del carbón. De todos modos, como en el caso anterior, estas políticas pueden calificarse como estratégicas y escapan del ámbito de la política laboral, quedando generalmente en manos de ministerios como el de Economía o el de Industria.

3.- Medidas de intermediación entre la oferta y la demanda de trabajo: pretenden facilitar la interacción entre oferentes y demandantes de trabajo. Básicamente consisten en la mejora de los flujos de información del mercado de trabajo a través de los servicios públicos de empleo, aunque en los últimos tiempos crece la colaboración entre dichos servicios públicos y entidades privadas como las empresas de trabajo temporal (ETT). Las principales actuaciones sobre los oferentes de empleo son la orientación, información y seguimiento.

Podemos sintetizar todas estas medidas en el siguiente gráfico (del que eliminamos aquellas medidas que por su amplitud escapan del ámbito de las políticas de empleo):

Al margen de las políticas que hemos descrito, hay otras medidas de carácter legislativo en manos de las autoridades públicas para luchar contra el desempleo. La más evidente sería la aprobación de reformas del mercado laboral. La Fundación 1º de Mayo cifra en 52 las reformas laborales que han tenido lugar desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores. Un recuento más estricto realizado por el diario El País reduce este número a 16 desde 1977 (lo que es una cifra nada despreciable). La mayoría de estas reformas se han basado en flexibilizar el mercado de trabajo, con el objeto de que su funcionamiento se asemeje más al de un mercado "ideal", en el que pueda alcanzarse el equilibrio sin que se generen excesos de oferta.

Volviendo a las políticas activas, dos son los problemas fundamentales que surgen en torno a su aplicación: su coste y su eficacia. En efecto, llevar a cabo políticas activas de empleo implica necesariamente un incremento del gasto público. En este sentido, el gasto de España en políticas activas como porcentaje del PIB se ha situado por encima de la media europea en los últimos años. Sin embargo, esto no es de extrañar si tenemos en cuenta nuestra elevadísima tasa de desempleo: si tenemos en cuenta el gasto por trabajador, nuestras cifras son mucho más modestas. Jesús Mercader, en su libro Se Busca... El Mercado de Trabajo en España, cuantifica en 1.740 € por trabajador el gasto en políticas activas en España, entre tres y cuatro veces menos de lo invertido en países como Holanda y Dinamarca.

Otro problema de las políticas activas es el de su eficacia. Muchas de las medidas que hemos descrito se han criticado por ineficaces e ineficientes (en la medida en la que suponen un derroche de recursos). Así, ha habido críticas que afirman que lo único que ha conseguido la tarifa plana anunciada por Mariano Rajoy ha sido transformar en indefinidos contratos temporales que igualmente se hubieran firmado durante el plazo de vigencia de la medida. Por otro lado, es público y notorio el despilfarro y la corrupción que anida en los cursos de formación para parados (y no sólo me refiero al caso de los ERE, como quedó de manifiesto en una interesante entrevista emitida en Salvados).

En definitiva, el principal problema de las políticas activas de empleo es que se trata de políticas complementarias, que por sí mismas no bastan para solucionar graves problemas de desempleo si no se acompañan de otras políticas estratégicas o de estímulo de la economía. Y es que resolver el problema del paro no es fácil.

Pero el que no se consuela es porque no quiere, en España siempre nos quedarán los capotes de la Virgen del Rocío.

La Virgen del Rocío rodeada de oferentes de trabajo.