El 15 de septiembre de 2008 quebró Lehman Brothers, uno de los principales bancos de inversión de Estados Unidos. Desde entonces, con el pánico extendiéndose por todo el sistema financiero y ante el miedo a la quiebra de más bancos, los gobiernos de todo el mundo han acudido al rescate de innumerables entidades financieras. Las cifras de los rescates han sido escalofriantes (tan sólo Estados Unidos ha dedicado desde 2007 cinco billones de dólares a este fin), lo que ha provocado problemas de déficit y deuda pública en casi todos los países del mundo (muy especialmente en Europa [1]). En la sociedad hay un encendido debate sobre lo adecuado de estos rescates, sobre todo desde capas sociales que ven cómo sus derechos y prestaciones son recortados para ajustar las cuentas públicas.
Los bancos afirman que el suyo es sólo un problema de liquidez. Un banco (o cualquier empresa) es solvente pero está falta de liquidez si sus activos (es decir, sus bienes y derechos) son mayores que sus deudas pero a pesar de ello no dispone de fondos. Se supone que si dispusiera del tiempo suficiente, podría hacer frente a esas deudas con la venta de esos activos. Sin embargo, es muy posible que años de comportamiento temerario hayan dejado a muchos bancos en una quiebra efectiva. Los bancos tienen en su poder una gran cantidad de viviendas cuyo valor es muchísimo menor que aquel al que estaban contabilizadas, lo que supone unas enormes pérdidas sin contabilizar. Además, a día de hoy todavía siguen ejecutándose hipotecas y la materia oscura en la que se han convertido los productos financieros derivados de las mismas sigue extendiéndose por todo el sistema financiero. Todavía se necesitará un tiempo antes de poder evaluar los verdaderos estragos sufridos por el sistema financiero.
En última instancia, el éxito del sector financiero debería medirse por el bienestar que proporciona a los ciudadanos, tanto porque se asigna mejor el capital como porque se gestiona mejor el riesgo. Por tanto, cuando se ven problemas tan generalizados como los que han aquejado al sistema financiero sólo se puede llegar a una conclusión: los problemas son sistémicos.
Es necesario emprender reformas para prevenir que estos mismos acontecimientos puedan repetirse en el futuro. Cuando planteamos la necesidad de acometer reformas, es esencial establecer las responsabilidades del desastre. A nuestro juicio, son responsables de la crisis...
- los líderes políticos, que en lugar de tomar medidas anticíclicas cuando comenzó a hincharse la burbuja prefirieron anotarse el tanto de unos datos económicos engañosos y muy peligrosos [2].
- los supervisores bancarios, por su apuesta suicida por la desregulación financiera.
- los directivos de las entidades financieras, por su ambición y su falta de visión.
- las agencias de calificación, tanto por su incompetencia [3] como por su ambición y afán de enriquecimiento, sumándose sin rubor a las prácticas imprudentes y avariciosas del sector financiero.
Desde mi punto de vista, este tipo de afirmaciones constituyen una criminalización en toda regla de las mayores víctimas de esta crisis, ya que tratan de vender a la opinión pública la imagen de que las familias se comportaron como un colectivo avaricioso que corrió a comprar casas atraído por los créditos baratos y que ahora exige a la sociedad que le resarza de su mal comportamiento con medidas como la dación en pago, que pondrían en peligro la estabilidad de todo el sistema financiero.
En mi opinión, la realidad ha venido a demostrar justamente lo contrario, que las familias son el colectivo más vulnerable y han estado completamente indefensas y abandonadas por el poder político, que siempre acaba poniéndose de parte del lobby financiero y bancario que dicta e impone su ley y cuenta con un enorme influencia mediática (de ahí que haya tantos periodistas que afirmen que la dación en pago sería una barbaridad que sólo conseguiría derribar nuestro sistema financiero).
Tengamos en cuenta además que gran parte de las familias no tenían ningún conocimiento financiero y depositaron toda su confianza en los empleados de sus oficinas bancarias (en el caso español, más que en el problema de las hipotecas, este aspecto es especialmente doloroso en la estafa de las participaciones preferentes). Muchas familias fueron engatusadas (cuando no directamente engañadas) para firmar unos préstamos mucho más arriesgados de lo que hubieran estado dispuestos a aceptar si hubieran sido conscientes de los riesgos que asumían.
En este sentido, una buena medida a adoptar por parte de los gobiernos sería vigilar más estrechamente la comunicación entre las entidades bancarias y sus clientes y qué información se debe aportar cuando se comuniquen las características de un crédito o cualquier otra operación. Otra medida muy importante sería invertir en educación, puesto que es mucho más difícil engañar y aprovecharse de gente preparada que de gente sin un adecuado nivel de educación.
Desgraciadamente, no parece que se estén adoptando muchas medidas ni en esta ni en otras direcciones. Muchos gobiernos se hayan atados de pies y manos: tanto los rescates financieros como el desmoronamiento de la economía real le ha hecho incurrir en enormes déficits, y se encuentran asfixiados por los intereses que les cobran los mismos mercados financieros que originaron el problema y que se supone que habría que reformar. Y aún más importante, en un mundo tan globalizado como el nuestro, donde el dinero es el bien que más rápido se desplaza de un sitio a otro, es imposible abordar una gran reforma de los mercados financieros de forma aislada, sino que sería necesario un gran consenso internacional como ocurrió con la firma de los acuerdos de Bretton Woods al finalizar la II Guerra Mundial.
Y hasta aquí el resumen de lo acontecido hasta 2008. Desde entonces, la crisis ha seguido extendiéndose y transformándose. Lo que a finales de 2008 era una crisis del sector financiero que amenazaba con contaminar al resto de la economía se ha convertido en la actualidad en una profunda crisis de la economía real, en la que asistimos al continuo cierre de empresas y al aumento de desempleo. Por otro lado, la crisis del sector financiero también ha evolucionado: de ser una crisis soportada por las entidades financieras ha pasado a afectar a los propios países, inmersos en una auténtica crisis de deuda pública, que pone en peligro su capacidad para conseguir dinero y para luchar contra los efectos de la crisis en la economía real.
Sería mi deseo aportar una visión más positiva en futuros artículos. Espero que sea así.
ÍNDICE DE CAPÍTULOS:
- INTRODUCCIÓN.
- 1. EL SISTEMA FINANCIERO ANTES DE LA CRISIS.
- 2. LA GESTACIÓN DE LA BURBUJA INMOBILIARIA.
- 3. LA TITULIZACIÓN.
- 4. LA EXPLOSIÓN DE LA BURBUJA INMOBILIARIA.
- 5. CONCLUSIONES.
[1]
El problema de la deuda pública es especialmente grave en los países de la zona
euro. Al ceder su política monetaria al Banco Central Europeo han perdido una
herramienta fundamental de su política económica, y unos estatutos
especialmente rígidos por parte del Banco Central le han impedido hasta el
momento acudir en ayuda de países agobiados por el pago de la deuda.
[2]
Esta responsabilidad está compartida tanto por los gobiernos estadounidenses de
Clinton y Bush como por los españoles de Aznar y Zapatero, que presumían de una
bonanza económica que no sólo era falsa, sino que era el preludio y la futura
causa de una crisis sin precedentes.
[3]
Tres semanas antes de la quiebra de Lehman Brothers, esta entidad gozaba de muy
buenas calificaciones por parte de estas agencias.
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