- ampliar la edad legal de jubilación de
los 65 a los 67 años.
- aumentar de 35 a 37 años el período
necesario para acceder a una pensión completa.
- ampliar el período de cálculo de la
base reguladora de los 15 a los últimos 25 años de vida laboral del
trabajador.
- introducir un factor de sostenibilidad
que cada cinco años revise todos los parámetros del sistema en función de
la evolución de la pirámide de población.
Al final, el
resultado de todas estas medidas es el mismo: reducir la duración y la cuantía
de las futuras pensiones. Es decir, los actuales trabajadores y futuros
pensionistas soportarán toda la carga de la reforma.
Por mi parte, aun
reconociendo que la viabilidad del sistema público de pensiones es cada vez más
complicada, me gustaría hacer dos matizaciones:
- Es cierto que en la situación actual, garantizar el pago de las pensiones futuras es cada vez más difícil, pero gran parte de ese problema se debe al lamentable estado del mercado de trabajo español. Con una tasa de paro superior al 25% no hay ningún sistema de pensiones que sea viable. Si el paro continúa aumentando, las pensiones tendrán que financiarse con las cotizaciones de menos trabajadores que a su vez tendrán empleos más precarios, con menores salarios sobre los que aplicar el tipo de cotización. Luchar por el empleo y por la calidad de los puestos de trabajo es, al mismo tiempo, luchar por la viabilidad del sistema de pensiones.
- Hasta ahora, todas las reformas del
sistema de pensiones se han centrado en un único aspecto: los gastos del
sistema. Sin embargo, tan importante como contener los gastos es
incrementar las fuentes de ingresos.
Una forma de
aumentar los ingresos sería reducir el paro (a más trabajadores, más
cotizantes), pero no es a esto a lo que me refiero. El Pacto de Toledo, que es
un acuerdo firmado en 1995 entre los partidos políticos sobre el sistema de
pensiones, establece que las cotizaciones sociales serán la única fuente de
financiación de las pensiones. Sin embargo, afirmar que las pensiones deben
financiarse sólo con cotizaciones es una cuestión más ideológica que
científica. Utilizar los impuestos para pagar las pensiones que la sociedad
considere justas me parece completamente legítimo (mucho más que construir
aeropuertos sin aviones o trenes para ejecutivos, desde luego).
Pero ni este ha
sido el enfoque seguido hasta ahora en las sucesivas reformas del sistema de
pensiones ni parece que lo vaya a ser en el futuro. En su lugar, la solución
ofrecida por autoridades y "expertos" es otra muy distinta:
complementar las pensiones públicas con planes de pensiones privados.
¿En qué consisten
los planes de pensiones? Básicamente, un plan de pensiones privado es un fondo
en el que el trabajador deposita unos pagos periódicos para recibir una pensión
cuando se jubile. Las aportaciones que realiza el trabajador no se inmovilizan
en ninguna especie de cuenta o plazo fijo, sino que una gestora se encarga de
invertirlas para obtener de ellas el máximo rendimiento (y así poder pagar una
mayor pensión en el futuro). Actualmente, en España operan 573 fondos,
gestionados en su mayoría por aseguradoras y entidades financieras (bancos y
cajas de ahorros, vaya).
La verdad es que
estoy un poco cansado de leer y oír que el sistema público de pensiones es
insostenible y que los planes de pensiones privados son la panacea, así que me
gustaría dedicar esta entrada a poner de manifiesto las lagunas de los fondos
de pensiones, que las tienen (vaya que si las tienen). Y es que no es oro todo
lo que reluce:
1. Se habla mucho de la sostenibilidad del
sistema público de pensiones, pero no de la viabilidad de las pensiones
privadas. El sistema
privado de pensiones en España es muy reciente, de finales de los ochenta y
principios de los noventa. Hasta ahora se han producido muchas aportaciones y
pocas jubilaciones, pero pronto irán jubilándose más y más ahorradores que
reclamarán sus pensiones. Desde 2007, el sistema privado de pensiones se ha
estancado en un patrimonio de 86.000 millones de euros y 10'3 millones de
participantes. En 2012, el sistema ingresó 3.929 millones de euros (un 21%
menos que en 2011) y gastó 3.871 millones, un margen demasiado pequeño si
tenemos en cuenta que aún hay muy pocos pensionistas comparados con los que
habrá dentro de unos años.
2. Se
recomienda que se complementen las pensiones públicas con pensiones privadas, pero
seamos realistas: ¿quién podrá suscribir planes de pensiones en una situación
de pobreza creciente para cada vez más familias? Con un paro en aumento y un
poder adquisitivo disminuyendo, ¿no resulta un poco cínico recomendar a las
familias que sustraigan una parte adicional de su salario para suscribir planes
de pensiones privados?
Al final, el resultado sería el mismo que si se privatizan servicios
públicos como la educación y la sanidad: las mejores prestaciones serán para
quien pueda pagárselas. ¿Qué justificación tiene que quien no haya podido
ahorrar más se vea abocado a la pobreza? Ninguna. Así solo se consigue ahondar en las desigualdades e injusticias sociales.
3. Siguiendo
el razonamiento anterior, si el dinero de las pensiones, sean públicas o
privadas, tiene que salir de la riqueza del país, ¿por qué no hay dinero si el
ahorro de los pensionistas es gestionado por la Seguridad Social pero no hay
ningún problema si ese ahorro es gestionado por entidades financieras con ánimo
de lucro?
Es normal asumir que la gestión
privada siempre es más eficiente que la pública, pero los datos objetivos no
respaldan esta afirmación: en
el período que abarca los últimos diez años, de los 573 fondos de pensiones que
operan en España sólo 2 han obtenido rentabilidades superiores al Ibex (es
decir, la rentabilidad media de la Bolsa), y sólo 32 obtuvieron una
rentabilidad superior a la del bono español a diez años (el que determina la
prima de riesgo). Es decir, la inmensa mayoría de los ahorradores que han
confiado en los planes privados de pensiones hubieran obtenido mayores
beneficios si hubieran invertido su dinero en deuda pública.
Los datos son aún peores si se estudian con más detenimiento: 432 fondos
obtuvieron una rentabilidad entre el 0 y el 3% (una cifra absolutamente
mediocre), y 16 fondos tuvieron una rentabilidad negativa, es decir, cosecharon
pérdidas (esto significa que el dinero que hay en esos fondos a día de hoy es
menor que la suma de las aportaciones que realizaron los ahorradores).
La gente suele olvidarlo con facilidad, pero las pensiones privadas afrontan los riesgos propios de los mercados
financieros. Con los vaivenes que ha experimentado en los últimos años el
mundo de las finanzas, el dinero invertido en pensiones ha sufrido tanto como
el invertido en otros fines.
- Pero los malos resultados obtenidos por
los fondos de pensiones no son únicamente consecuencia de los vaivenes
financieros. Gran parte de la culpa la tienen las elevadas comisiones que
se cobran en el sector. Y es que una
de las principales razones para plantear una y otra vez la crisis del
sistema público de pensiones es que las pensiones privadas suponen un
estupendo negocio para el sector financiero, y la mejor forma de
estimular ese negocio es disminuir el importe de las pensiones públicas.
Además, las prácticas cada vez más arriesgadas de este negocio empeoran
el problema: como el patrimonio de los fondos se ha estancado o incluso ha
disminuido y los futuros compromisos de pago aumentan, las gestoras necesitan
obtener rentabilidades mayores para poder pagar las jubilaciones, por lo que
tienen que llevar a cabo operaciones cada vez más arriesgadas.
Muchas de estas inversiones más arriesgadas se han realizado a través de
fondos especulativos de alto riesgo, los famosos hedge funds, que se caracterizan por las elevadas comisiones que
cobran. Es decir, que si un trabajador tiene un plan privado de pensiones, cabe
la posibilidad de que la gestora del mismo, que ya cobra una comisión, haya
derivado parte del fondo a un hedge fund,
que a su vez cobra otra comisión por operaciones que a veces incluso pierden
dinero.
En definitiva, los
planes privados de pensiones no sólo llegan a una pequeña parte de la
población, sino que son arriesgados, injustos y poco rentables, garantizando
pingües beneficios solo a las instituciones financieras.
¿No
creéis que sería más justo y eficiente garantizar, mantener y mejorar las
pensiones públicas?
Nota: los datos aportados en esta entrada se han extraído del número 1 de la revista Alternativas Económicas.
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