POR QUÉ LA SANIDAD NO PUEDE SER SUMINISTRADA POR EL MERCADO

Un tema de candente actualidad es la privatización de la sanidad. Recientemente, la Asamblea de Madrid aprobó la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2012, que abre la puerta a la privatización de la gestión de seis hospitales públicos y un 10 % de los centros de salud de la región.

El principal argumento de los defensores de la privatización de la sanidad es el mismo que sostienen para todos los ámbitos de la economía: los mercados libres y sin trabas gubernamentales son eficientes y, en todo caso, si aparecen errores siempre será mejor la regulación natural del mercado que la intervención de un Estado que actúa torpemente.

Desde mi punto de vista, aunque opino que los mercados han de ser la base de cualquier economía próspera, está claro que no se cumplen las condiciones suficientes para que funcionen de forma óptima. En determinados sectores, como ocurre en la sanidad, las particularidades propias de la actividad que se desarrolla son tales que es imposible asignarla eficaz y eficientemente a través del mercado.

En el siguiente post, intentaré explicar las razones económicas por las que el sector de la sanidad no puede ser gestionado por el mercado. Para ello, me basaré en un famoso artículo escrito en 1963 por el economista estadounidense Kenneth Arrow (premio Nobel de Economía en 1972), en el que justificaba y explicaba las peculiaridades de la sanidad como actividad económica:

1. En primer lugar, afirma Arrow, al contrario que con otros bienes como la ropa, los alimentos o los automóviles, la demanda de servicios sanitarios es irregular e imprevisible. Podemos pasar años sin pisar un hospital y, por culpa de un accidente o una enfermedad sobrevenida, necesitar de repente y con urgencia una costosísima operación seguida de un no menos costosísimo tratamiento. Por supuesto, dado lo imprevisible y/o repentino de estos casos, lo normal es que una persona corriente no dispusiese de los fondos necesarios para pagar esos tratamientos.

Suponiendo que las personas somos sujetos racionales (algo que, no nos engañemos, es mucho suponer), una solución a este problema podría ser que cada persona ahorrase un capital a lo largo de su vida para hacer frente a estos gastos. Sin embargo, esto no serviría para las personas jóvenes, a los que no les habría dado tiempo a reunir el ahorro suficiente.

Otra opción sería que los hospitales y centros de salud permitieran “financiar” el coste de sus servicios, como hacen los vendedores de coches, casas o electrodomésticos; sin embargo, esta medida tampoco ofrece una solución óptima. Supongamos que el enfermo muere. En muchísimos casos, la culpa de esta muerte no es culpa del equipo médico, que sin duda habrá hecho todo lo posible para evitar este fatal desenlace. Seguramente, no sería justo dejar que el hospital o centro de salud corriera con los costes de la operación, pero… ¿acaso sería ético o estético obligar a una familia a pagar los costes de una operación que no ha servido para salvar a un ser querido?

Dados estos problemas, la única solución aparente a la imprevisibilidad de la demanda sanitaria sería establecer un sistema de seguros sanitarios. Este sistema, por supuesto, podría establecerse a través del mercado, pero esto implicaría otros problemas: la selección adversa y el riesgo moral.

•         La selección adversa implica que las personas con más probabilidades de enfermar (principalmente, mayores e individuos con problemas de salud) tendrán que suscribir seguros mucho más caros para cubrir todas las posibles contingencias. El mayor precio de estos seguros “expulsará” a muchas de estas personas del mercado y quedarán sin protección sanitaria. Del mismo modo, las personas aparentemente sanas no suscribirían ningún seguro y también quedarían desprotegidas.

La única solución a estos problemas sería que el Estado interviniese creando un seguro público (como ocurre en España) u obligando a suscribir seguros privados (como ocurre en Estados Unidos).

•         El riesgo moral implica que una vez que una persona esté cubierta por un seguro actuará de forma más despreocupada, acudiendo más al médico o haciendo un mayor uso de medicamentos, por lo que acabaría haciendo falta un control del uso de estos servicios o un racionamiento de los mismos.

    A diferencia de lo que ocurre con la selección adversa, el del riesgo moral tal y como lo formuló Arrow es un problema que se presenta tanto en ámbito de la sanidad privada como en el de la sanidad pública. De hecho, las recientes medidas impuestas por la Generalitat de Cataluña y la Comunidad de Madrid de imponer el pago de 1 € por receta tienen el nada disimulado propósito de frenar el supuesto abuso por parte de los usuarios al acudir al médico para que le recete medicinas a cargo de la Seguridad Social.

2. En segundo lugar, sostiene Arrow, los servicios sanitarios no pueden probarse antes de utilizarse, como sí puede hacerse con un alimento, una prenda de vestir o un coche, por ejemplo. Una condición esencial para que los mercados actúen de forma eficiente es que la información sea inmediata y lo más amplia posible. Sin embargo, el sanitario es uno de los ámbitos en los que hay un mayor desequilibrio entre la información que maneja el demandante (el enfermo) y el oferente (el médico).

Por tanto, el paciente sufre serias limitaciones para comparar distintos servicios médicos y comparar sus resultados. Por si esto no fuera suficiente, la capacidad de raciocinio de un enfermo o accidentado puede estar seriamente limitada: aunque la enfermedad o el accidente no hayan mermado sus facultades mentales, el peligro de perder la vida no es el ámbito más adecuado para tomar decisiones difíciles.

Por estas razones, la sanidad es un sector cuyo funcionamiento no puede dejarse en manos del libre mercado como sí ocurre con otros sectores básicos como la alimentación o el ocio. De este modo, el sanitario es uno de los sectores más intervenidos en todas las economías del mundo. En muchos países, a través de estrictas regulaciones; en otros, siendo suministrada por el Sector Público.

En principio, la Comunidad de Madrid admite estos supuestos ya que no “liberaliza” el sector sanitario, sino que privatiza la “gestión” de los hospitales y centros de salud. Su argumento principal es que la gestión privada es, por definición, mucho más eficiente que la gestión pública. Sin embargo, esto plantea varios interrogantes:

a)    Cuando el dirigente de un partido político que lleva gobernando más de cuatro legislaturas en una administración afirma que la gestión pública no puede aspirar a ser más eficiente que la gestión privada, ¿no está reconociendo su propio fracaso?

b)    Dado que las empresas privadas que desarrollan una actividad buscan legítimamente obtener un beneficio, ¿es ético dejar que obtengan este beneficio en un servicio público tan vital como la sanidad teniendo en cuenta las implicaciones que puede tener un recorte de costes en esta actividad?

c)     Si el modelo de privatización de la gestión de la sanidad fracasa como ocurrió en la Comunidad Valenciana con el modelo Alzira, ¿correrá el contribuyente con los gastos? ¿cuál sería entonces el coste de esta gestión privada?